El 19 de noviembre se realizará la “Marcha por la Paz y la Seguridad Ciudadana” convocada por la Federación de Trabajadores en Construcción Civil (FTCCP) y a la que se sumarán diversas organizaciones sociales, políticas y empresariales. Cabe referir, que son 15 los dirigentes asesinados en el sector de la construcción como consecuencia de la violencia criminal. A esto se suman, el aumento de los asesinatos por ajustes de cuentas, robos, extorsiones, etc.

Esta iniciativa de la FTCCP pondrá en la agenda nacional una demanda ciudadana que quiere ser aprovechada por diversos candidatos presidenciales que defienden un modelo económico que se sustenta en la corrupción y en la impunidad, que son las principales causas para el crecimiento de la violencia y la delincuencia. Este nuevo esfuerzo se concatena con lo realizado desde años por el gremio sindical, institución que se ha convertido en una de las principales trincheras de resistencia al avance del crimen organizado.

Cabe recordar, que esta marcha tiene como antecedente inmediato la Movilización Nacional realizada el 3 de abril de 2014 llamada “El Perú Unido exige Paz y Seguridad Ciudadana”. En Lima, dicha marcha congregó a más de 30 mil personas y se inició en el Campo de Marte a las dos de la tarde y luego de recorrer las principales calles de la capital concluyó en la Plaza San Martín, donde se desarrolló un multitudinario mitin.

LAS PROPUESTAS DE LA MARCHA DEL 2014 

La marcha del 2014 planteaba al país, al gobierno y a todos los sectores UN PACTO NACIONAL POR LA PAZ Y LA SEGURIDAD CIUDADANA, el cual tenía como finalidad enfrentar y erradicar la violencia, a la delincuencia y al crimen organizado.

Dicho Pacto implicaba primero luchar con firmeza contra la corrupción enquistada, tanto en el sector público como en el privado para evitar que sea el sustento del crecimiento de las mafias, además de asaltos, robos, violaciones, entre otros delitos que afectan la seguridad e integridad de las familias. Tolerancia cero para la delincuencia. 

En segundo lugar, el Pacto se proponía la dación de una Política Nacional de Seguridad Ciudadana conducida por el Estado, con el fin de fortalecer a la Policía Nacional, al Ministerio Público, al Poder Judicial y demás instituciones que enfrenten y eliminen con efectividad a la delincuencia, garantizando así la vida de los peruanos y peruanas, la tranquilidad pública y el desarrollo social y económico.

Y en tercer lugar, la iniciativa proponía medidas necesarias para eliminar los factores que propician el crecimiento de la delincuencia. Esto implicaba proponer, debatir y concretar políticas que fortalezcan la lucha contra la impunidad y la corrupción, así como un crecimiento económico justo, respetando los derechos humanos y laborales.

LAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES

El Secretario General de la FTCCP y CGTP, Mario Huamán, saludó a las miles de personas que se concentraron en la Plaza San Martín. Resaltó la frase “El Perú Unido exige Paz y Seguridad Ciudadana”, la cual según dijo, unía a toda la sociedad contra un enemigo en común, la delincuencia.

Asimismo, participó el obispo emérito de Chimbote, Luis Bambarén, quien calificó de malditos a aquellos le quitan la vida a una persona y confirmó su respaldo a esta lucha conjunta de la sociedad civil para erradicar a los delincuentes. En la misma, línea, la Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora de Derechos Humanos, Rocío Silva, convocó a los peruanos a dejar el miedo de lado y juntos enfrentar estas lacras, exigiendo al gobierno que cumpla con su responsabilidad de brindar seguridad a la población. 

También destacó la presencia de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien resalto la lucha de construcción civil y comprometió al municipio en esta campaña contra la violencia y la inseguridad ciudadana.

Destacó también la presencia de los empresarios, Luis Salazar (Sociedad Nacional de Industrias), Germán Loyaga (Cámara Peruana de la Construcción) Moisés Mieses (Confederación Nacional de Comerciantes), quienes se comprometieron a impulsar junto a los trabajadores iniciativa del Pacto por Seguridad Ciudadana.

A nombre de las víctimas de la violencia criminal habló Valia Ruíz, hija del asesinado dirigente de Barranca, Aníbal Ruíz y los congresistas Manuel Dammert, Rosa Mavila y Mesías Guevara, además de una delegación de sindicalistas nacionales (como la CUT Perú) e internacionales (como Valentín Pacho de la FSM), quienes manifestaron su respaldo a la lucha de los trabajadores y empresarios peruanos. 

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES

Esta movilización tuvo replicas contundentes no sólo en Lima sino en diversas partes del país, donde no sólo se movilizaron miles de trabajadores de construcción civil sino también de diversas organizaciones. Algunas conclusiones y reflexiones de la medida son las siguientes:

- Se constituyó y organizó de un grupo de trabajo entre dirigentes y asesores para establecer los objetivos de la actividad y las propuestas a presentar. Cabe referir, que se dejaron de lado posiciones ideológicas y dogmáticas para diseñar un nivel de convocatoria que abarque al mayor número de personales e instituciones. La única restricción es que no estuvieran involucrados con la corrupción y obviamente la violencia.

- La propuesta política fue promover la suscripción de un Pacto Nacional por la Paz y Seguridad Ciudadana, conteniendo diversas acciones para su implementación, como se refiere líneas arriba. Esta iniciativa tenía como objetivo la centralización de las diversas medidas de lucha contra la violencia, poniendo al Estado como el propulsor e integrador.

- Se planificó una estrategia mediática que involucró conferencias de prensa, remisión de notas permanentes, campaña en redes sociales (“Los Rostros de las Víctimas de la Violencia”) difusión pública en diversas zonas de Lima y la visibilización pública de las adhesiones de personalidades e instituciones, tanto en Lima, como en las regiones. Cabe referir, que se diseñó un logotipo y slogan para posicionar y centralizar las propuestas. La marcha se denominó “El Perú Unido exige Paz y Seguridad Ciudadana”.

- Se integró a las dirigencias regionales en la convocatoria y a diversas organizaciones de la sociedad civil de dichas localidades, no sólo en el ámbito público sino también privado. 

- Se contó con la asesoraría de instituciones que tienen trabajos sobre el tema de seguridad ciudadana, como fue el caso de IDL y la Coordinadora de Derechos Humanos.

- Cabe referir, que si bien se logró el impacto organizativo, de masas, medios y política, no se le dio continuidad. Esto impidió estructurar un espacio que permita concretar lo demandado, además de empoderar a la FTCCP y la CGTP en dicha demanda ciudadana. No se concretó tampoco la propuesta de realizar actividades conjuntas con las instituciones que participaron, como foros, debates públicos, en universidades y otros espacios, etc, tanto en Lima, como en las regiones.

Si se logró un fortalecimiento interno que evitó al avance de los seudosindicatos y las mafias, además de desenmascarar a los delincuentes que fungen de dirigentes, algo que se consolidó en la campaña que se efectuó en junio del 2014, cuando se pretendió juntar a la delincuencia con la FTCCP en una mesa convocada por la OIT.